La APD tramita ya expedientes sancionadores a empresas por 'spam'

La Agencia Española de Protección de Datos (APD) tramita en la actualidad expedientes sancionadores contra compañías españolas que envían correos electrónicos comerciales no solicitados, popularmente conocidos como «spam», aunque todavía no se ha producito en nuestro país ninguna multa por esta infracción. Informó EFE

El presidente de la APD, José Luis Piñar, explicó ayer, tras comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que «ya hay iniciados algunos expedientes» sancionadores contra emisores de «spam», aunque apuntó que «todavía están en trámite de instrucción», puesto que la agencia asumió estas competencias «hace poco» (2003).
Piñar se refirió a las dificultades de perseguir esta práctica debido al carácter «transfronterizo» de Internet. No obstante, incidió en la importancia de seguir trabajando y «fijando líneas de colaboración» con autoridades nacionales de todo el mundo, potenciando el intercambio de información, a pesar de que «a veces es imposible».

En ese sentido, se refirió a la importancia de la reunión celebrada el pasado 11 de octubre en Londres, bajo los auspicios de la OCDE, donde participaron responsables de la aplicación y ejecución de las normas «anti-spam» de 15 diferentes países de los cinco continentes.

Fruto de esta reunión fue la adopción de un acuerdo por el que 19 autoridades inician un Plan de Acción conjunto (London Action Plan on Spam), consistente en actuaciones muy directas (designación de puntos de contacto, comunicaciones periódicas entre países, intercambio de experiencias y problemas, etc.) que permitan establecer cauces fluidos de comunicación y cooperar mutuamente en la lucha contra este problema.

Piñar también explicó que empresas e instituciones españoles han asumido ya la importancia de la protección de datos y asumió el compromiso de «desplegar una cultura de protección de datos para que los ciudadanos conozcan sus derechos». Además, repasó las principales infracciones a las que tiene que hacer frente la APD, inscrito dentro de las carencias que denunció, tanto de personal como de financiación, puesto que sus recursos proceden de sus sanciones.

En cuanto a su plantilla, la APD negocia en la actualidad «otro incremento» de personal. La agencia cuenta en la actualidad con doce inspectores, que trabajan en equipos de dos por todo el territorio nacional. «Son unos medios escasísimos para todas las denuncias que reciben. Una persona tiene setenta expedientes al mismo tiempo, algunos de una gran complejidad técnica», denunció Piñar ante los diputados de la comisión.

Por otro lado, en el último año se han incrementado un treinta por ciento el número de expedientes abiertos por Protección de Datos y, en lo que va de 2004, la cifra alcanza los 900. Además, más del noventa por ciento de los procedimientos de infracción que se inician son denuncias de ciudadanos.

Piñar destacó las reclamaciones presentadas contra responsables de ficheros de entidades financieras (morosidad), publicidad («spam») y telecomunicaciones (preasignación con otros operadores), así como sobre el tratamiento de datos de salud, que están especialmente protegidos en la ley.

Sobre estos últimos, apuntó que «falta bastante por hacer para mejorar la custodia de las historias clínicas», aunque admitió que «no es fácil de resolver, pero se tiene que solucionar». Asimismo, desveló «importantes deficiencias» en instituciones hospitalarias, que tienen una «deficiente implantación de medidas de seguridad».

Finalmente, respecto al desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), apuntó que es «absolutamente necesario» y que «ya se está trabajando en él, con el objetivo de tener un borrador antes de final de año, y poder aprobarlo durante 2005».